Con la promesa de cerrar las brechas digitales, aumentar la eficiencia institucional e incrementar la inversión, la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Sylvia Constaín, radicó el miércoles 18 de septiembre de 2018, ante el Congreso de la República, el proyecto de ley de modernización del sector TIC.
La iniciativa plantea la aspiración del Gobierno de Iván Duque de lograr una Colombia ‘moderna’ y conectada al ciento por ciento.
Para alcanzar este objetivo, el proyecto está enmarcado bajo de la política ‘El futuro digital es de todos’, presentada por primera vez en agosto durante la 33.ª edición del Congreso Andicom. Su pilar es precisamente la consolidación de un matrimonio entre el sector público y privado.
El Ministerio TIC ha reiterado que esto ayudaría a aumentar la competitividad y a garantizar el acceso a de las TIC en las poblaciones rurales.
Con este proyecto, que pretende actualizar la Ley 1341 de 2009, que es la norma marco del sector TIC, se espera que se garanticen los recursos para la generación de contenidos y aplicaciones de interés público, se cree un regulador único y se aumenten las licencias de uso del espectro.
“Es un proyecto ambicioso que reconoce que Colombia viene en un momento en el que las inversiones en el sector han venido bajando. Busca elevar a Colombia al nivel de los países con los cuales competimos por inversión, que nos permita llegar a un lugar donde podamos conectar a todos los colombianos, promover la apropiación de la tecnología para crear condiciones de mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos con un enfoque especial en aquellos colombianos que están alejados”, dijo Constaín.
Por su parte, Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colobiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), señaló: “Con un regulador único se eliminarán las confusiones existentes entre entidades para una mayor seguridad jurídica en el sector. De otro lado veo un incentivo a la inversión privada, pues las concesiones para los operadores de comunicaciones pasarían de 10 a 30 años, lo que traerá última tecnología, empleo y mayor bienestar”.
Estas son las claves de la iniciativa:
Espectro radioeléctrico
La cartera de las TIC ha hecho énfasis en que uno de los principales objetivos de esta política es aumentar la certidumbre jurídica en el país. En este sentido, se plantea que la asignación del espectro radioeléctrico quede a cargo solamente del Ministerio TIC (hoy lo puede hacer también la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV).
El Gobierno dice que con esta medida se ayudaría a alcanzar la meta de masificar la conectividad y especialmente garantizar la conexión de última milla que permitiría que internet llegue no solo a las cabeceras municipales de las ubicaciones más alejadas del país sino también a colegios, hogares, hospitales y negocios.
En este punto también se plantea que el periodo de los permisos para el uso del espectro sea hasta por 30 años y no solamente 10, como está establecido actualmente. Según el MinTIC, el periodo actual es un tiempo muy corto para recuperar la inversión por lo que al ampliar las licencias el país quedaría en una posición más atractiva.
Tasa única para los operadores
Para hacer más eficiente el pago de contraprestaciones por el uso del espectro se definirá una tasa única de contraprestaciones para los operadores que acabaría con las diferencias y garantizaría la inversión por parte de estas compañías. El Ministerio TIC definirá el valor de la contraprestación periódica en máximo seis meses después de la promulgación de la ley y se revisará cada cuatro años.
Según el proyecto, esa contraprestación será fijada mediante resolución por el Ministro basándose en criterios de fomento a la inversión así como otros aspectos como el ancho de banda asignado, número de usuarios potenciales, disponibilidad del servicio y planes de expansión y cobertura.
Fondo Único
La creación de un Fondo Único de TIC, que resultará de la unión del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC) y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (FonTV), es una de las estrategias con las que el Gobierno espera cerrar la brecha digital. De acuerdo con el MinTIC, al existir dos fondos se genera incertidumbre jurídica y muchas veces los proyectos se estructuran desarticuladamente lo que hace que se reduzca su impacto
Al unificarlos, dice el Gobierno, se incrementará la eficiencia en el recaudo y la inversión en materia de cobertura.
Fortalecimiento de la televisión y la radio pública
Pero, ¿cómo se garantizarían los recursos para la televisión? La iniciativa apunta a que los recursos que se han destinado normalmente entre el 2012 y 2017 para la televisión pública se mantendrían con un incremento anual y habría unos recursos adicionales destinados a la creación de contenidos multiplataforma de interés público y social. La idea es que esta inversión llegue especialmente a las escuelas públicas en las zonas apartadas del país.
Regulador Único y modernización institucional
El Gobierno plantea la creación de un regulador único del sector TIC que se encargaría de todo lo relacionado con televisión, Telecomunicaciones, Internet y Radiodifusión Sonora. Actualmente existen dos entidades que cumplen esta labor por separado: la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). Al unificarse la entidad, dice el MinTIC, se generaría mayor certidumbre en el sector y por lo tanto se lograría una mayor modernización institucional. Sin embargo, la imposición de sanciones quedaría a cargo solamente del Ministerio de las TIC por lo que sería la única entidad con la facultad de vigilancia y control.
Este regulador tendría cinco comisionados con periodos fijos de cuatro años y se financiaría con una tasa regulatoria que está definida en la ley, tal y como se ha venido haciendo.
“Creamos un regulador único para el sector que reconoce que la televisión, la radio y las telecomunicaciones son realmente sectores que están uniéndose en uno, y como tal para ofrecerle al sector privado incentivos en términos de claridad jurídica tanto normativa como institucional”, agregó Constaín.
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